La visión empresarial de los bienes públicos y la Teoría de la Elección Pública.
James Patrick Gunning
College of Commerce and Economics
Sultan Qaboos University
Sultanate of Oman
E-Mail: jgunning@squ.edu.om
Homepage:
http://www.fortunecity.com/meltingpot/barclay/212/welcome.htm
June 24, 2000
La Teoría Elección Pública consiste en el uso de las herramientas de la economía y la economía política con el fin de estudiar dos clases de procesos: (1) La toma de decisiones colectivas y (2) la implementación de tales decisiones. Esta área de estudio comenzó con el análisis del primero de estos procesos, para luego expandirse hasta que incluyese al segundo. No se ha prestado mucha atención al asunto de cuáles serían las clases de decisiones que en particular querría hacer una colectividad. Esto, sin embargo, no se debe a una falla en la identificación del asunto. En el libro que por primera vez dio a conocer la Teoría de la Elección Pública, The Calculus of Consent (1962) (El Cálculo del Consenso), James M. Buchanan y Gordon Tullock sostenían que el análisis de las decisiones colectivas hechas por medios gubernamentales comenzaban allí en el límite de la economía de mercado con un gobierno mínimo y bienes privados. Mientras la economía se ocupa de asuntos que atañen a bienes privados, la teoría económica de la toma de decisiones colectivas (que luego se llamaría Teoría de la Elección Pública) se ocupa de la oferta y demanda de bienes públicos (Buchanan y Tullock 1962: 34-35)
Infortunadamente, Buchanan y Tullock no escribieron mucho más al respecto. En su libro se desplazaron de inmediato al problema del establecimiento de reglas para la toma de decisiones colectivas. A partir de la asunción económica de que los individuos son maximizadores, se dedicaron a explorar las consecuencias de adoptar diferentes esquemas de reglas para la toma de decisiones colectivas.
Buchanan y Tullock no se preocuparon por el segundo de los procesos arriba descritos. Por ejemplo, ellos no abordaron el problema de la burocracia, o los requerimientos que a esta se podrían hacer. Durante los cuarenta años siguientes, sin embargo, este problema fue objeto de gran atención, y el trabajo sobre este incluye el modelo de burocracia de William Niskanen, la teoría de grupos de presión de Mancur Olson y Gary Becker, y las diversas teorías sobre la actividad legislativa y los acuerdos particulares que en su dinámica ocurren. Sin embargo, parece que nadie ha intentado identificar de forma precisa las clases de decisiones que, acerca de los bienes públicos, una colectividad querría asumir.
Precisamente el propósito de este artículo es tratar el mencionado asunto. La primera parte trata de distinguir entre los servicios que se relacionan con la oferta de bienes públicos de otros tipos de servicios, como son la provisión de un sistema de ley y orden y la defensa nacional. La segunda parte trata de discutir el problema de los bienes públicos desde un punto de vista muy particular, el "punto de vista empresarial". En esta perspectiva siguiendo a Frank Knigth, vemos al empresario dentro del sistema de libre empresa como un agente de los consumidores. El problema de los bienes públicos lo identificamos como una situación en la cual las características técnicas de estos bienes interfieren con los incentivos que los empresarios tienen para actuar como agentes de los consumidores. De tal forma, concebimos el problema de la falla del mercado, en la medida en que tiene que ver con bienes públicos, como una falla en el sistema de derechos de propiedad, en la cual los empresarios no tienen incentivos suficientes para producir bienes públicos. Esto implica que los miembros de la colectividad posiblemente considerarán la contratación de agentes, así como otas clases de alternativas, o bien para que se provean los incentivos faltantes o para que se produzcan los mencionados bienes públicos. La tercera parte trata sobre las implicaciones que esta concepción tiene para nuestras ideas sobre la falla del mercado en la provisión de bienes públicos. La cuarta parte especula sobre la significación que la visión empresarial de los bienes públicos puede tener en la Teoría de la Elección Pública. Allí se muestra cómo esta aproximación al problema implica que una colectividad demande una serie de servicios, de lo cual se derivan los problemas de agencia que existen cuando la colectividad debe emplear a otros para que provean estos servicios, o bien caundo considera producirlos ella misma.
Existe un amplio espectro de servicios que una comunidad posiblemente
demandaría para que fueran proveídos de forma colectiva.
Sin duda los más cruciales son la defensa nacional y la vigencia
de la ley y el orden. Sin embargo no es claro que estos servicios sean
bienes públicos en sentido técnico. Ciertamente no tienen
la característica de no-excluxión, y es bastante discutible
que tengan la característica de no-rivalidad. Más aún,
de no contar con un sistema de defensa nacional, los miembros de una colectividad
no estarían en posición de tomar decisiones sobre ningún
asunto. De igual forma, sin orden legal, no podría existir la economía
de mercado. Si se quiere evadir el problema teórico de averiguar
si los mencionados servicios son bienes públicos, simplemente se
debe asumir que la Teoría de la Elección Pública trata
de decisiones que se toman en un ambiente específico, a saber, uno
en el cual el monopolio de la fuerza existe y no hay amenazas de enemigos
internos o externos. Una vez se ha establecido el monopolio de la fuerza,
la colectividad enfrenta la cuestión de cómo utilizará
este monopolio. Alternativamente, podríamos simplemente estipular
que estos son bienes públicos cobijándolos con la definición
de sombrilla. En este artículo, seguimos la primera de las alternativas,
que es la misma que siguen Buchanan y Tullock.
Mantenimiento del sistema de Propiedad Privada.
También podemos incluir dentro de estos servicios el mantenimiento
de un sistema de propiedad privada. Como mínimo, esto requiere el
establecimiento de nuevas condiciones legales acordes con los cambios tanto
en los gustos como en la tecnología. Más allá, podría
considerarse un sistema continua redistribución los derechos legales,
a la luz de los cambios no anticipados en los costos de realizar transacciones.
Viene a mi mente un sistema legal en el que las reglas se vayan estableciendo
de acuerdo con los principios de propiedad privada y libre intercambio,
como ha sido articulado en el sistema de common law. Aunque existen
algunas bases para incluir el mantenimiento del sistema de propiedad dentro
de la clase de servicios que nos ocupan, omitir su inclusión causaría
pocos problemas. Esto porque parece fácil que este servicio sea
proveído por un cuerpo de justicia relativamente pequeño,
y que no esté sujeto a muchas regulaciones. Así que no lo
consideraremos.
Redistribución de la Riqueza
Ahora bien, otro servicio que parece susceptible de caer en nuestra
categoría es la redistribución de la riqueza. Los teóricos
de la Elección Pública han evitado considerar este ejemplo
por varias razones. Como primera medida, parece posible concebir la redistribución
de la riqueza como un bien público, caso en el cual caería
dentro de la categoría general de bienes públicos. Sería
redundante incluirlo en otra categoría. En segundo lugar, los miembros
de la colectividad pueden tener razones para considerar la redistribución
de la riqueza como algo que es objeto de análisis en un nivel constitucional
imaginario de toma de decisiones. Tercero, su inclusión o exclusión
dentro de la categoría de bienes públicos genera interrogantes
éticos cuya instancia de discusión tal vez esté fuera
del campo de las "ciencias positivas". Cuarto, dado que algunos miembros
de la colectividad estarán en posición de ser recipientes
de la redistribución, no parece haber forma de determinar sus verdaderas
preferencias dentro de este proceso. Siempre parecería que esas
personas tienen un incentivo para exagerar sus propios beneficios. Por
estas razones, la redistribución de la riqueza no será considerada
en este artículo.
La Corrección de las Fallas del Mercado y el Problema de los Bienes Públicos.
El siguiente candidato para la lista está constituído
por otras formas de falla del mercado. Las dos más obvias son el
monopolio y las externalidades. Si admitimos que estas fallas no podrían
ser corregidas por el aparato judicial que está a cargo de velar
por el sistema de propiedad, sería posible entonces considerarlas
como bienes públicos. La colectividad podría demandar que
se controle cualquier forma futura de monopolio, en la medida en que los
beneficios de tal control superen a sus costos. De igual forma, la colectividad
podría demandar que se intervenga en casos en que haya externalidades
sumadas a altos costos de transacción, intervención que se
realizaría por medio de regulaciones. Por supuesto, si tenemos en
cuenta que la presencia de altos costos de transacción es correlativa
con el número de personas que interviene en las trransacciones,
la mayoría de casos de externalidades relevantes son realmente servicios
con característica de bienes públicos
2. La Visión Empresarial del Problema de los Bienes Públicos.
En este artícuilo, nuestra exploración del problma de los bienes públicos se hace contando con una herramienta importante, a saber, la visión empresarial de la economía de mercado. La mayoría del trabajo que se ha realizado en materia de bienes públicos discurre tras la senda de Marshall y Pigou donde, a partir del análisis del equilibrio parcial, la falla del mercado es definida como un problema técnico. En años más recientes, los teóricos de la propiedad privada han tranformado este enfoque. Ahoa el problema es visto como una cuestión de determinar la ubicación óptima de los derechos de propiedad en presencia de costos de transacción. En este artículo, adoptamos una visión de la oferta o provisión de bienes privados que, hasta donde sabemos, nunca ha sido aplicada a los bienes públicos. Esta visión consiste en que la falla del mercado en caso de los bienes públicos es una falla empresarial en proveeer bienes y servicios, aun cuando los individuos que actúan como empreasarios reconocen que los beneficios margianles de hacerlo con mayores que sus costos marginales.
El Empresario como Agente.
El empresario, en el marco de la teoría de Knight, es visto como un agente del consumidor. En la imagen que Knight tiene de la economía de mercado, los individuos asumen roles basándose en sus creencias personales acerca de sus capacidades, aunque se toman en cuenta otras variables en la ecuación de beneficios (Gunning 1993). Muchos de estos individuos llegan a actuar como empresarios productivos o capitalistas financieros. Se convierten en líderes y empleadores de otros; se convierten en personas que arriesgan su riqueza en aventuras de producción y venta. Llegan a ser, como grupo, la más importante causa de satisfacción de los deseos del consumidor
Knigth concebía a los empresarios como agentes de los consumidores. Cada agente apuesta a que su conocimiento de las preferencias y habilidades de otros es correcta, y además, que es mejor que la hecha otro individuo que esté empleando algún factor de producción. Ellos apuestan a que pueden hacer dinero produciendo aquello que la gente común valora. Al preparase para la apuesta, el agente trata de adquirir el conocimiento necesario para actuar. Hoy día, la agencia sólo implica la contratación explícita o implícita. El agente es contratado por otra persona. Dado que la función empresarial no implica tan fuertemente un contrato, la definición de agente que usaba Knigth es mucho más amplia.
Knight extrajo de todo esto una conclusión. Él afirmó que la base más legítima para apoyar una economía de mercado es nuestra creencia en que la toma voluntaria de riesgos producirá lo que los consumidores valoran y aprecian como riqueza. Esta creencia es, por supuesto, intuitiva.
Knight era consciente de que esta definición no incluía muchos fenómenos importantes de la economía del mundo real. Además de cuestiones políticas y culturales, esta visión ignora las externalidades y la existencia de ciertos bienes que conducen a daños o beneficios públicos. Pero el propósito de Knigth era describir el sistema competitivo de precios, y no estos casos de falla del mercado.
Ejemplo:
Un ejemplo nos permite mostrar cómo la economía de mercado provee incentivos para actuar como empresario. Considérese un posible productor que sospecha que puede ganar beneficios produciendo un ítem y vendiéndolo. Él considera que el ítem es superior a algunos productos que ya existen, dado que satisface mejor los deseos de los consumidores. Él cree que su producto tendrá un menor precio o una mayor capacidad de satisfacer los deseos de los consumidores. En un principio, este empresario en potencia carece de fondos para financiar su aventura. Igualmente, carece del conocimiento necesario para convencer a posibles financistas (socios, accionistas, entidades de crédito) de que suficientes consumidores pagarán un precio por su producto o servicio, el cual a su vez será suficiente para cubrir sus costos y además obtener un retorno financiero razonable. Este empresario llega a pensar que la mejor forma de adquirir ese conocimiento es autofinanciar la producción de un pequeño grupo de unidades, de tal forma que los consumidores puedan juzgarlas. Si sus sospechas se confirman, entonces presentará sus descubrimientos a los financiadores potenciales.
A estos financiadores también se les debe dar un estimativo de los costos de producción. Para hacer esto, el empresario deberá adelantar un estudio de los precios de diversos factores. Para que su estudio sea convincente, deberá asegurarse de contar con el respaldo de un asesor de negocios digno de confianza. Igualmente, deberá discutir su proyecto con un agente de seguros para obtener una estimación de los términos y la cobertura de un seguro. Su intención con todo esto es brindar a los financiadores potenciales la información necesaria para tomar su propia decisión. Él sabe bien que ellos no se decidirán a financiarlo a no ser que sientan que han hecho una valoración correcta.
Considérese más de cerca las acciones del productor. Todo comienza con una vaga y preliminar estimación del costo de los factores. Sin embargo, esta apreciación es suficiente para convencerlo de que su inversión en obtener información debe ser mayor, ya que esto le permitiría hacer unas valoraciones más precisas. Llega un punto en el que decide que es rentable invertir en tratar de convencer a los financistas a que le ayuden a desarrollar su proyecto.
En la secuencia de producción-consumo
que ocurrirá, tanto el productor como los financistas y los consumidores
deben llegar a un punto en el cual están dispuestos a asumir acciones
que implican un nivel de incertidumbre. Cada uno de ellos debe realizar
proyecciones acerca de lo que ganarán, o encontrar alguien que sobrelleve
la incertidumbre por ellos, a costo de obtener menores ganancias.
La Importancia del Sistema de propiedad Privada y Libre Empresa.
Las dimensiones de las ganancias que
cada uno de nuestros personajes obtengan dependen del derecho que tengan
a obtener retornos por sus acciones. El productor debe tener el derecho
de obtener el residuo que resulte de su empleo de los factores y la venta
de lo producido. Los financistas deben tener el derecho de obtener pagos
en el futuro, o a entrar en posesión de aquello que su deudor haya
estipulado como garantía. Los consumidores deben tener el derecho
de consumir los bienes que han adquirido. Los proveedores de factores de
producción tienen derecho a que se les pague. De tal forma, el sistema
de propiedad privada y libre empresa es lo que permite que se produzcan
las ganancias que, de otra forma, serían incluso inconcebibles.
El Espíritu Empresarial
Hasta ahora sólo hemos discutido una secuencia simple de producción-consumo. La economía de mercado contiene innumerables secuencias de este tipo. Para simplificar esta compleja interacción, Knight y sus predecesores crearon lo que llamaban el empresario puro, y la imagen de la economía empresarial pura. Este empresario puro imaginario hace todas las valoraciones, toma todas las decisiones y carga con toda la incertidumbre. Dentro de esta imagen, los financistas son meramente ahorradores, los cuales reciben intereses libres de incertidumbre. Los consumidores reciben beneficios del consumo, por lo cual pagan dinero. Los proveedores de factores reciben rentas por su labor. Los no-empresarios actúan como robots que siguen un algoritmo. Esta imagen de la actividad empresarial nos ayuda a aislar los incentivos que existen para participar en la cadena de producción-consumo, al situar en la mente de individuos diferentes las diversas posibilidades de decisión. De tal forma, la teoría contemporánea del empresario ve en los incentivos para actuar de forma empresarial el fundamento de la producción de riqueza material.
Dentro de este modelo, el empresario
debe estar dispuesto a poner parte de su riqueza en el proyecto. Debe asegurarse
de que sus sospechas iniciales son correctas, y para hacerlo debe obtener
más información. Por otro lado, debe proveer garantías
para los financistas, y su proyecto debe ser prometedor tanto para el consumidor
como para el proveedor de factores.
La Economía Empresarial.
Imaginemos ahora a varios empresarios puros actuando en varias líneas de negocios, y aspirando a obtener préstamos, factores de producción y gastos del consumidor. Los empresarios que compiten basan sus aspiraciones en sus respectivas creencias acerca del valor de los factores. En esta "economía del empresario puro", los precios de los factores y el nivel de los intereses reflejan el nivel de las aspiraciones de los empresarios que compiten.
No habrá un empresario que se atreva a anticipar ganancias a menos que los precios de los factores y las tasas de interés sean suficientemente bajas. No habrá un empresario que se decida a tomar control de un factor, a menos que crea que puede darle un uso más rentable que el que otros empresarios creen poder darle. Al decidirse a no ofrecer mucho por los factores, los otros empresarios muestran su creencia de que los consumidores no pagarán suficiente por sus productos.
Esta perspectiva aislada del empresario nos ayuda a entender tres aspectos de la labor empresarial, los cuales nos dan confianza en la asunción de que, en una economía de mercado, los individuos producirán aquellos que otros individuos que actúan como consumidores valoran como riqueza. El primero de ellos es el incentivo de las ganancias. Los individuos tienen un incentivo para averiguar sobre oportunidades de hacer ganancias produciendo lo que otros demandan. El segundo aspecto es la cooperación. Los individuos comparten conocimientos en la medida en que es necesario inducir la cooperación de otros para realizar proyectos conjuntos. De esta forma, los individuos se informan untos a otros, con algunos límites, sobre las ganancias potenciales que existen en intercambios particulares. Además, así se ofrece a otros la oportunidad de beneficiarse del propio conocimiento. Por ejemplo, los proveedores de factores, los ahorradores e inversionistas, y los consumidores pueden beneficiarse de esto. Todos ellos podrán obtener ganancias, respectivamente, de sus oportunidades de emplear factores, ahorrar o invertir, y consumir. Tercero, esta visión nos ayuda a entender el proceso de competencia. Cada empresario debe aspirar a los factores, el dinero y el consumo enfrentándose a otros.
En un sistema de propiedad privada
y libre empresa, los individuos tienen incentivos para descubrir oportunidades
y a apostar que su apreciación de los factores será más
acertada que la que otros hagan. Además, con excepción de
las fallas de monopolio y las externalidades, la apuesta que hace cada
uno de estos individuos consiste en creer que los que consuman su producto
lo valorarán más que lo que otros valoran otros productos.
Si a esto añadimos la presunción de que es más probable
que quienes hagan estas apuestas acierten, hemos mostrado que el sistema
de propiedad privada y libre empresa brinda incentivos para que algunos
individuos descubran y aprovechen oportunidades de producir lo que otros
valoran. Ahora podremos considerar el caso de los bienes públicos.
La valoración y la Producción de Bienes Públicos en la Economía de Mercado.
Los economistas suelen definir los bienes públicos como aquellos que tiene las siguientes características: (1) No rivalidad y (2) no exclusión (quien no paga no puede ser excluido). La no rivalidad significa que muchos individuos pueden disfrutar simultáneamente del bien, y la adición de un nuevo consumidor no genera un costo adicional. La no exclusión significa que los individuos pueden llegar a consumir el bien sin tener que obtener ningún permiso para ello. Un productor-empresario que produce un bien público no puede excluir a quienes no pagan de su disfrute. Un bien público ideal tiene estas características en extremo: (1) Trae beneficios a todos los consumidores, y (2) ningún consumidor puede ser excluido de estos beneficios.
En la vida diaria no encontramos bienes que se ajusten a la definición de bien público puro. Más bien, en la vida diaria encontramos este problema en situaciones en las cuales las mencionadas características no son extremas, sino sólo relevantes. Dado que nuestro principal interés es el seguimiento del problema teórico, seguiremos la práctica standard de tratar con el concepto puro de bien público.
El "Problema de los Bienes Públicos" se refiere principalmente a bienes que aún no han sido producidos. Para tales bienes, un productor en perspectiva puede siempre excluir a todos los consumidores decidiendo no producir. También puede exigir pagos de parte de varios consumidores antes de empezar a producir. El problema surge porque asumimos que el "propio interés" lleva al menos a algunos consumidores a ocultar sus preferencias a los demás, a regatear intensamente con otros consumidores o, en otro caso, a resistirse a contribuir. Esto último porque considere que, de ponerse en situaciónde free rider, obtendrá más beneficios que los que tendría si colaborara con la provisión del bien. Dado que contamos con la posibilidad de ocultamiento, regateo intenso o free riding, los empresarios cuentan con muy pocos incentivos para producir los bienes públicos puros. Aun en el caso en que la suma del beneficio obtenido por los consumidores supera el costo marginal, los incentivos son claramente bajos. Esto implica que los empresarios no se verían incentivados ni siquiera para avaluar los ítems que podrían entrar como factores en la producción de bienes públicos puros.
Las posibilidades de que haya ocultamiento
y regateo intenso también reducen los incentivos para producir bienes
privados. La diferencia es que, en el caso de los bienes privados, el productor
se halla frente a consumidores cuyos beneficios son separados, no conjuntos.
Como resultado de esto, el productor tiene incentivos para buscar formas
de reducir el ocultamiento y el regateo intenso, por ejemplo, ofreciendo
precios no discriminatorios del tipo "tómelo o déjelo". El
productor potencial de bienes públicos también tiene incentivos
para promover formas de organización entre los consumidores, las
cuáles tendrían como objeto hallar soluciones para los mencionados
problemas de ocultamiento, regateo intenso y el free-riding. Sin
embargo, los propios consumidores aún se enfrentan con los problemas
que surgen de sus propios intercambios multilaterales. El productor tiene
en esto unos medios muy limitados para proveer alguna ayuda. El hecho de
que se requiera una solución multilateral para las negociaciones
entre los mismos consumidores es lo que diferencia ambos casos.
4. Los Bienes Públicos y la Elección Pública.
Si el asunto de la visión empresarial
de los bienes públicos se combina con los problemas de la toma colectiva
de decisiones, tal como fueron originalmente concebidos por Buchanan y
Tullock, podremos decir los siguiente. La elección pública
comienza asumiendo que los miembros de un colectivo creen que algunos bienes
y factores públicos no serán descubiertos, y que algunos
bienes producibles no serán producidos en la cantidad que la comunidad
desea. Esto ocurrirá a menos que se provea a los productores con
incentivos especiales. Los seguidores de la Elección Pública
tratarían de explorar las acciones que los miembros de la comunidad
podrían tomar para proveer esos incentivos especiales. Si tales
acciones son impracticables, tendrían que explorar otras alternativas,
tales como la contratación directa de agentes que provean lo que
se demanda. Ahora debemos preguntar (1) ¿Qué clase de incentivos
estarían dispuestos a otorgar los miembros de una comunidad y cómo
lo harían?, y (2) ¿Qué alternativas podrían
considerar? Lo que nos preocupa ahora no son los problemas que puedan encontrar
en el proceso de decisión colectiva, sino es la naturaleza de los
servicios que estarían dispuestos a demandar de los agentes gubernamentales.
Dos Clases de Incentivos.
Al describir la forma como los miembros de la colectividad pueden enfrentar el asunto de los incentivos, es útil distinguir entre dos clases extremas, o ideales, de bienes públicos aún no producidos. La primera clase está conformada por bienes cuyo carácter de públicos es cpnocido por todos. La segunda consiste en bienes que nadie sabe son bienes públicos. Consideremos cada uno de los dos.
Bienes Públicos Conocidos aún no Producidos.
A primera vista, parece que si los miembros de una colectividad saben que un bien es público y conocen los costos de producirlo, podrían celebrar una reunión, decidir un plan tributario y obtener el dinero necesario para pagar al productor. Sin embargo, hay varios tipos de incertidumbre que enfrentarían. Primero, no habría en los miembros certidumbre acerca de las preferencias de los demás. Segundo, no sabrían si los individuos prefieren esperar a ver si se les ofrece un mejor acuerdo que el que se ha tomado por acuerdo. Tercero, los miembros no tendrían certidumbre sobre los costos de producción. Ellos no sabrían si este o aquel métodos de producción son más económicos. Asumiendo que planean pagar a un contratista para que produzca el bien público, no habría certidumbre sobre los beneficios colectivos emergentes de negociar con el proveedor a un precio menor. Cuarto, si la colectividad se pone de acuerdo en pagar dinero para financiar el bien público, no habría certidumbre sobre el cumplimiento del acuerdo por parte de cada miembro para pagar su parte del precio. Finalmente, todos tendrían incertidumbre acerca de si el proveedor finalmente sí proveerá el bien de acuerdo con los términos establecidos.
El problema de la incertidumbre en la demanda de bienes públicos es ella misma un problema de la misma clase, ya que el acceso a la información requerida pata solucionarlo beneficiaría conjuntamente a todos y ninguno sería excluido de los beneficios que tendría el aliviar la incertidumbre. Si los miembros de la colectividad resuelven el problema en un nivel, están introduciendo incertidumbre en algún otro nivel. Por ejemplo, para resolver el problema de la falta de información sobre costos, se podría emplear a un agente que solicite información de posibles proveedores. Sin embargo, habría incertidumbre sobre si el agente realizó su trabajo de acuerdo con las instrucciones dadas, o de si acaso los proveedores lo han sobornado. Otro ejemplo, la colectividad podría contratar un agente que reúna dinero de los miembros de la colectividad al comenzar la reunión, manteniéndolo custodiado hasta que el bien se adquiera. Habría entonces incertidumbre sobre si el agente protegería el dinero de tal forma que se obtengan los mejores intereses del mercado.
Bienes Públicos Cuyo Carácter se Ignora.
Ahora consideremos el caso de bienes que no se sabe si son públicos. Asumamos que los miembros de la colectividad saben que los beneficios que podrían obtener colectivamente de tal bien son mayores que los costos de oportunidad. Una forma en la que los miembros podrían proveer un incentivo para descubrir y producir tales bienes es la promesa de pagar una compensación a quien lo descubra. Tal promesa no es muy convincente, dado que potencial empresario tendría que confiar en la buena fe, no de una sola persona, sino de agentes gubernamentales que representan a la colectividad. Puede para esto introducirse un agente que avalúe la compensación, pero esto introduce más incertidumbre.
Un ejemplo puede ayudar. Podemos imaginar que en el futuro la tecnología podrá alterar el rumbo y la intensidad de los huracanes. Muchas personas se beneficiarían del descubrimiento de tal tecnología. En un sistema de libre empresa, si la demanda percibida es mayor que los costos estimados, un sólo individuo podría estar dispuesto a invertir tiempo y dinero en la investigación que conduzca a tal descubrimiento. Incluso un consorcio podría formarse para reunir los fundos necesarios para el proyecto. Pero en ambos casos, el empresario tendría que buscar una forma de limitar el número de beneficiarios. Suponiendo que los miembros de la colectividad no quieran que esto sea así, sentirán que tal proyecto no puede ser dejado a la iniciativa privada. Así que tal vez quieran tomar una decisión colectiva para contratar agentes que decidan cuando vale la pena llevar a cabo estos proyectos y para contratar otro grupo de agentes que los ejecuten.
Implicaciones para la Teoría de la Elección Pública
Podemos imaginar que, para algunos proyectos, los miembros de la colectividad anticiparían que los beneficios de hacer valoraciones individuales de los proyectos relativos a bienes públicos son tan grandes como para decidirse a hacerlos. Ellos participarían todos en la valoración colectiva, y en la toma de la decisión, y causarían que los bienes públicos fueran producirlos por un proveedor o por agentes gubernamentales. Incluso en este caso, los miembros de la colectividad querrían contratar agentes y crear instituciones para (1) recoger información sobre las preferencias de los miembros, (2) reducir las negociaciones duras, (3) descubrir los costos de producción para determinar el precio más bajo, (4) negociar la forma más económica de provisión, (5) vigilar la provisión y (6) imponer sanciones a los proveedores que violen sus contratos.
Considérense, sin embargo, los proyectos, para los cuales la suma de los costos en que incurren los miembros en hacer sus valoraciones es demasiado alto. La única forma de obtener allí esas valoraciones es mediante la contratación de un agente, o un grupo de agentes. Ellos darían reportes de las valoraciones. Si estas son positivas, los miembros querrán ejecutar estos proyectos. Esto implicaría la imposición de tributos y la destinación de recursos a ellos.
Los mismos agentes podrían administrar las finanzas o un grupo aparte de administradores financieros podrían hacerlo. En cada caso, se debe dar a un agente o a un grupo de agentes la facultad de (1) determinar qué proyectos se llevarán a cabo, (2) imponer tributos y (3) determinar quién proveerá los factores necesarios para producir los bienes públicos. A los agentes también debe se les debe pagar con dinero de los impuestos. Esto porque, dados nuestros presupuestos iniciales, la contratación de agentes y la escogencia de un pago apropiado son también causas de beneficios públicos, la colectividad también podría delegar estas funciones en otros agentes.
Finalmente, se encuentra el problema
de monitorear el desempeño no sólo de los agentes, sino de
la mima provisión de los bienes públicos. Dado que los beneficios
de tal monitoreo son colectivos, existen también problemas para
proveer incentivos para monitorear el desempeño de los agentes,
de los contratos con bienes públicos, etc. Esto sugiere dar un paso
más allá y contratar agentes que a su vez vigilen estos agentes.
El problema de la Agencia en la Teoría de la Elección Pública.
Esta discusión parece sugerir a primacía del problema de la agencia en las decisiones relativas a los bienes públicos que son tomadas por miembros de una colectividad. El problema es como puede la comunidad contratar agentes que sean conocedores y dignos de confianza. En la Teoría de la Elección Pública, este problema sol se ha tratado de forma indirecta en la extensa bibliografía que existe sobre búsqueda de rentas, a la cual Buchanan y Tullock han hecho las mayores contribuciones. Esta literatura está basada en sus marcos en al teoría de la agencia. Pero no fue así como se inició. El primer artículo de Tullock sobre el problema (Tullock 1967) se basaba en la microeconomía ortodoxa. El problema de la agencia se convirtió en el centro de atención cuando los teóricos buscaron explorar la interacción entre individuos y firmas que buscan privilegios monopolistas, y los oficiales gubernamentales que, siendo contratados por la colectividad, tiene el poder de conceder esos privilegios.
Esta aproximación indirecta ha llevado a intuiciones interesantes sobre el funcionamiento interno de las democracias. Sin embargo, no ha existido mucho trabajo sobre la idea general de miembros de una colectividad reconociendo este problema al nivel constitucional, cuando están haciendo reglas para la toma colectiva de decisiones.
El problema puede ser enfocado totalmente dentro de los términos del problema de la agencia. Frank Knight parece haber sido el primero en reconoce al sistema de libre empresa como un gran sistema de agencia, al concebir a los empresarios como agentes del consumidor. Si seguimos esta ruta, podemos concebir a la falla del mercado como una falla en el sistema de agencia. Los miembros de la colectividad, de esta forma, son consumidores que buscan que un grupo de agentes gubernamentales sustituyan a s empresarios que, en diversas circunstancias, contribuirían a la satisfacción de esas necesidades. La tarea que pueden realizar a estos agentes es identificar instancias de falla del mercado, instituyendo de ser necesario reglas legales para eliminarla o mitigar sus efectos
Si el problema de los bienes públicos
es concebido por los miembros del colectivo como muy serio, ayudaran a
crear instituciones que sirvan para resolver los problemas de agencia.
Hay partes de la constitución que pueden concebirse como esfuerzos
para resolver este problema. Desde este punto de vista, la falla de gobierno
es una falla del sistema de agencia en la democracia. La explicación
de como este punto de vista ayudaría a incrementar el alcance de
la TEP y de la economía constitucional esta mas allá de las
intenciones de este artículo. References
Becker, Gary. (1983) "A Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence." Quarterly Journal of Economics. 98 (3): 371-400.
Becker, Gary. (1985) "Public Policies, Pressure Groups and Dead-Weight Loss." Journal of Public Economics. 28: 330-47. Reprinted in Stigler, G. J. (1988) Chicago Studies in Political Economy. Chicago: University of Chicago Press.
Buchanan, James M. and Gordon Tullock. (1962) The Calculus of Consent. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Buchanan, James M., Robert D. Tollison, and Gordon Tullock (eds.). (1980) Toward a Theory of the Rent-Seeking Society. College Station, Texas: Texas A&M University Press.
Clark, John B. (1899). The Distribution of Wealth: A Theory of Wages, Interest and Profits. New York: Macmillan.
Coase, R.H. (1960) "The Problem of Social Cost." The Journal of Law and Economics. 3: 1-44. Reprinted in R. H. Coase (1988) The Firm, the Market, and the Law. Chicago, Ill.: University of Chicago Press.
Davenport, H. (1914) Economics of Enterprise. New York: Macmillan.
Demsetz, Harold. (1970) "The Private Production of Public Goods." Journal of Law and Economics. 13: 293-306.
Demsetz, Harold. (1993) "The Private Production of Public Goods, Once Again." Critical Review. 7: 559-566.
Gunning, J. Patrick. (1993) "Entrepreneurists and Firmists: Knight vs. the Modern Theory of the Firm." Journal of the History of Economic Thought. 15: 31-53.
Gunning, J. Patrick. (1994) The Failure of the New Subjectivist Revolution: A Critical Essay on the Economic Theory of Ludwig von Mises. Ft. Myers, Florida and Taipei: Nomad Press.
Gunning, J. Patrick. (1997) "Ludwig von Mises's Transformation of the Austrian Theory of Value and Cost." History of Economics Review. 26 (Summer.)
Gunning, J. Patrick. (1998) "Herbert J. Davenport's Transformation of the Austrian Theory of Value and Cost." In Malcolm Rutherford (ed.). The Economic Mind in America: Essays in the History of American Economics. London: Routledge.
Gunning, J. Patrick. (2000) AThe Property System in Austrian Economics.@ Review of Austrian Economics. 13:2. (Summer).
Gunning, J. Patrick. (2000) Understanding Democracy: An Introduction to Public Choice. (Forthcoming)
Knight, F. H. (1921) Risk, Uncertainty, and Profit. New York: Houghton Mifflin.
Mueller, Dennis C. (1989) Public Choice II. New York: Cambridge University Press.
Mueller, Dennis C. (1997) Perspectives on Public Choice: A Handbook. Cambridge University Press.
Niskanen, W. A. (1971) Bureaucracy and Representative Government. New York: Aldine-Atherton.
Niskanen, W. A. (1987) "Bureaucracy." In Charles K. Rowley (ed.). Democracy and Public Choice. Oxford: Basil Blackwell.
Oakland, William H. (1987) "Theory of Public Goods." Chapter 9 in Alan J. Auerbach and Martin Feldstein. (eds.) Handbook of Public Economics. Amsterdam: North Holland.
Olson, M. Jr. (1965) The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard University Press.
Randall, Alan. (1983) "The Problem of Market Failure." Natural Resources Journal. 23: 131-148.
Rowley, Charles K. (1993) Public Choice Theory. Brookfield, Vermont: Edward Elgar. Volume 1-3.
Rowley, Charles K., Robert D. Tollison, and Gordon Tullock (eds.). (1988) The Political Economy of Rent-Seeking. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Stratman, Thomas. (1997) "Logrolling." In Dennis Mueller. Perspectives on Public Choice: A Handbook. Cambridge University Press.
Tabarrok, Alexander. (1998) AThe Private Provision of Public Goods Via Dominant Assurance Contracts.@ Public Choice. 96: 345-62.
Tullock, Gordon. (1967) "The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft." Western Economic Journal. 5: 224-32.
Tullock, Gordon. (1970) "A Simple Algebraic Logrolling Model." American Economic Review 60: 419-426.
Tullock, Gordon. (1989) The Economics of Special Privilege and Rent-Seeking. Boston & Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
von Mises, Ludwig. (1966) Human
Action: A Treatise on Economics. Chicago: Henry Regnery Company.