John Cobin,
Ph.D, Gorge Mason University.
 

Una encuesta Liberty [publicación de los "liberales clásicos" norteamericana] en febrero de 1998 encontró que el 43% de quienes la respondieron estuvieron de acuerdo con la proposición de que "el aborto es mal." Así, podríamos concluir que el movimiento en pro de la vida goza de apoyo en una minoría sustancial de liberales clásicos. Siendo un académico que me cuento en esa minoría, quisiera ofrecer una explicación para esta aparentemente anómala tendencia, demostrando por qué ella es coherente con los principios clásicamente liberales. Luego me propongo complementar la noción con un análisis económico que bien podría ser aceptable para personas de ambos bandos del tema del aborto. En efecto, yo argumento que el grueso de los abortos son el resultado de distorsiones causadas por fallas del gobierno, intervenciones miopes y políticas que facilitan "búsquedas de rentas" dañinas.
 
 

El liberalismo clásico exalta los derechos humanos individuales. La idea abrazada por quienes favorecen la posibilidad de instar por el aborto (al menos la mayoría de los académicos que yo conozco) es de que los seres humanos deben primero ser atribuidos con el sagrado grial de la "personalidad" o "calidad de personas" antes de ganar la plena protección de la ley. Este status es concedido una vez que se ha conseguido pasar una inspección favorable y la aprobación por vía de algún consenso social o alguna política pública. Sólo después de recibir esa bendición el ser humano se convertiría en un individuo "titular de derechos".
 
 

Sin embargo, desde la perspectiva en pro de la vida, esta idea de tener dos clases de seres humanos va en contra de un sostenido pensamiento clásicamente liberal, dentro del cual la presunción de que los seres humanos vivos son todos personas y de esa manera son titulares de derechos en razón de su pertenencia a la especie. Como Peter Kreeft ha demostrado agudamente, los seres humanos son una sub-clase de personas, no a la inversa. Siguiendo el precedente histórico, siempre hemos incluido a otras entidades vivientes distintas de los humanos entre las personas, p. ej., Dios, los extraterrestres, los ángeles, etc.
 
 

Más aún, nuestros derechos no son confirmados por las políticas pública; ellos son el antecedente de las mismas. Esta perspectiva es la única que puede llamarse clásicamente liberal. (No sorpresivamente, el 89% de quienes la respondieron la encuesta Liberty estuvieron de acuerdo con la proposición de que "Todos los hombres por su naturaleza tienen un derecho de vida" y de "libertad" y el 83% estuvieron de acuerdo con la proposición "Todos los hombres por su naturaleza tienen un derecho de su propiedad"). Si cualquier política pública es legítima, ella debe ser reactiva antes que proactiva, y ciertamente no dar lugar a que el Estado o algún pacto comunitario coercitivo (o de alguna manera autoritario) pueda decidir cuál de nuestras especies tiene derechos y cuándo. Alternativamente, denegar derechos a cierta clase de seres humanos por razones filosóficas ha sido el emblema de izquierdistas y criminales (si hay una diferencia entre ambos) durante siglos. La idea de ellos es simple: unos pocos de nosotros razonamos y decidimos que cierta clase de seres humanos debiera ser excluida del grupo de los titulares de derechos y nuestra tesis debiera ser impuesta a través de políticas proactivas. El criterio utilizado por podría ser genético, étnico, superficial (p. ej., el color de la piel) o cualquier otro aspecto arbitrariamente desarrollado.
 
 

Coherente con el marco de trabajo liberal clásico, comienzo con la simple aseveración de que (1) todo ser humano viviente tiene derechos, (2) que esos derechos son anteriores al Estado o "naturales", y que (3) ellos son compartidos en igualdad de condiciones por todos los seres humanos vivientes e inocentes -- sin ninguna discriminación que favorezca a unos por sobre los otros por ninguna razón. Para mí, ésta es la más pura visión clásicamente liberal. Alternativamente, la visión predominante entre los académicos "Libertarios" sugiere que el Estado o alguna estructura social debe primero decidir qué seres humanos son "personas" calificadas y entonces brindarles a ellos derechos. Por tanto, los derechos no son naturales sino derivados de la comunidad o del proceso político. Después de que el artificio político y legal divide artificialmente a la humanidad, entonces se obtiene la calidad de persona, los pasos 1, 2 y 3 supra pueden ser repetidos reemplazando en ellos el término "seres humanos" con la palabra "personas" y tenemos una teoría de los derechos relevante para los efectos de aplicar políticas. También desembocamos en una racionalidad para poder matar. En efecto, podemos quitar la vida a las no - personas y demandar protección para el resto, los que han calificado como personas. Para muchos, éste es un medio de tener la torta y al mismo tiempo comérsela. Sin embargo, me gustaría poner énfasis en que no es una ofensa menor para el liberalismo clásico el que las políticas públicas o alguna estructura social dotada de autoridad haya sido incorporada dentro del proceso de otorgamiento de derechos (a lo mejor inintencionadamente) como el supremo dispensador de derechos. Pero tal intervención es sólo el comienzo de los problemas.
 
 

Embarazos no deseados en el sentido económico, envuelven ya sea crímenes o externalidades negativas. Esto es, ellos resultan de la violación, por una parte o, por otra, son la "mala" consecuencia no buscada de interacciones mutuamente beneficiosas. (Nótese que los embarazos deseados bien podrían considerarse una externalidad positiva, dependiendo de las preferencias y las circunstancia.) Desde que alrededor del 99,9% de todos los embarazos no deseados caen dentro de la categoría de externalidades negativas, es de la mayor utilidad concentrar en ellos la discusión acerca de las políticas.
 
 

Como con todas las externalidades negativas, hay tres (o más) partes involucradas: dos personas que interactúan y obtienen ganancias beneficiosas del intercambio, y otra persona que incurre en costos en razón de la producción colateral generada por los hechos de los otros -- pero ésta no recibe ninguno de los beneficios de la transacción que hacen ellos. Cuando los derechos de propiedad están claramente definidos, las partes que interactúan deben compensar a aquellos que resultarían dañados por su producción y que no son partes en la transacción. Las partes que interactúan frecuentemente adquieren un seguro que compense cualesquiera daños no previstos. Así, de un modo u otro, los costos sociales son internalizados. Sin embargo, cuando los derechos de propiedad no están bien definidos (i. e., cuando no tiene costo contaminar o dañar a terceras partes (no intencionalmente), estos costos sociales no serán internalizados y el o los terceros sufrirán una pérdida. Tal escenario es mirado como "una falla del mercado" en la literatura económica existente. Hay un par de manera de manejar o "resolver" los fracasos del mercado.
 
 

Hay un par de maneras de lidiar con las fallas de mercado o "resolverlas". La manera ha sido descrita por Coase y otros. Cuando los costos de transacción son muy bajos (i. e., menores que los costos de litigar) , y se puede negociar sin costos, las terceras partes afectadas llegarán a un acuerdo con quienes producen el daño, sin ninguna intervención gubernamental, es decir, recibirán alguna compensación. Sin embargo, cuando los costos de transacción son altos, el argumento de Coase implica que las políticas hechas por el gobierno o por los tribunales pueden estar en condiciones de aliviar el problema mejor de lo que lo puede hacer el mercado. En suma, las políticas públicas proactivas están pensadas para ser capaces de mejorar lo que el mercado produce o para aliviar las fallas del mercado.
 
 

El aborto implica una falla del mercado. El tercero afectado es el hijo nonato. Los costos de transacción son muy altos de negociar para él porque no es capaz de hablar ni menos de escribir o negociar en manera alguna. Con todo, este hecho no necesariamente le da atribuciones a las políticas públicas para proveer mejores resultados que la negociación Coaseana. El nonato es un menor y, por consiguiente, tal como un menor de cinco años que es dañado por el hollín de una fábrica, alguien más de la especie humana puede respaldarlo como su tutor o guardian. Además, está bien establecido en la ley que este benefactor no necesita ser alguno de sus parientes naturales. En efecto, el liberalismo clásico no tendría tropiezos en la idea de que alguien interviniera a favor de un niño para salvarlo o protegerlo. Logísticamente, la tutoría podría ser puramente contractual, en la cual se subastaría al mejor postor el flujo de utilidades derivadas de tener un hijo. De modo que, entonces, los costos de transacción se trasladan al guardián o tutor que se convierte en el apoyo del ser nonato, y sus costos de transacción de negociar un arreglo o acuerdo son mucho más bajos de lo que lo serían los del nonato. Este resultado no es sorprendente. Los mercados automáticamente tienden hacia tales soluciones minimizadoras de costos.
 
 

Así, hay pocas razones para dudar de que algún acuerdo se alcanzaría en el mercado para lidiar con los embarazos no deseados sin recurrir a las políticas públicas -- especialmente dada la evidencia de que hay una extensa red de personas que dedican su tiempo a ayudar a los que están por nacer y la presente alta demanda por los servicios conducentes a la adopción. Los servicios para obtener la adopción compiten con los servicios para provocar abortos. Ambos son dos diferentes soluciones para la "falla del mercado". Los mercados del aborto son en gran medida artificiales e ineficientes, para no mencionar su vileza moral. De otro lado, hay muchas soluciones Coaseanas susceptibles de ser halladas vía la adopción a través del mercado. Conforme con eso, tanto la teoría de la elección pública de las escuelas de Virginia como de Chicago sugerirían que cualquier intervención que excluyera las soluciones Coaseanas tendería a hacer peor la situación del aborto, en términos de eficiencia social.
 
 

Por un lado, los mercados nunca resolverán a la perfección el problema del embarazo no deseado, pero, a lo largo del tiempo, ellos tenderían a proveer la más eficiente y efectiva asignación de los recursos productivos y a crear instituciones e incentivos que mejor maximizaran esas metas y de ese modo minimizaran los abortos. En el mercado, en último término, el número de abortos en la sociedad dependerá de las presiones sociales y de las preferencias individuales. Por tanto, ausentes la manipulación de la información y el estímulo a las soluciones abortivas por parte del gobierno, parecería razonable concluir que las preferencias no favorecerían tan fuertemente el aborto. Esto tiene algún sentido, dado que, en el presente, el costo para la madre en términos de ser responsable por sus acciones procreadoras es más bajo de lo que sería de otra manera, desde que hay una "salida" para ella socialmente aceptable. En pocas palabras, las políticas proactivas han reducido artificialmente sus costos.
 
 

De otro lado, la intervención del gobierno para enmendar la supuesta falla del mercado tiende a exacerbar el problema de los embarazos no deseados. Tal política proactiva sólo tiende a beneficiar a los "buscadores de rentas", esto es, a quienes se benefician creando una escasez artificial. En el caso del aborto, la escasez artificial es creada por los servicios abortivos, aprovechamiento de los tejidos fetales, etc. Con seguridad, como en el caso de los airbags obligatorios o los detectores de humo, siempre habrá una demanda por productos del aborto, pero las regulaciones y la legislación favorables al aborto modifica las instituciones y los incentivos "catalácticos" [palabra de Mises para significar "socialmente adecuados"]. Estos cambios permiten a los grupos de intereses particulares capitalizar nuevas oportunidades canalizando más fondos dudosamente dirigidos hacia su facción. En pocas palabras, la gente demandará muchos más servicios de aborción de lo que lo harían normalmente en el mercado, debido a las políticas diseñadas para reparar el fracaso del mercado. Más todavía, también las instituciones fundadas en el mercado van a experimentar detrimento. Por ejemplo, la adopción es una solución basada en el mercado para el problema de la externalidad negativa. No es de extrañarse que los gobiernos, que tienden a proteger a los "buscadores de rentas", hagan lo posible por obstaculizar la citada institución. También les hacen difícil a las guaguas tener un precio positivo en el mercado, lo cual lleva a otras distorsiones.
 
 

Como resultado, las políticas abortivas redundan en ineficiencia social y juegos de suma negativa. El aborto, el homocidio de seres humanos inocentes, no es minimizado. En el hecho, es maximizado/optimizado y los "buscadores de rentas" se benefician con él. La sociedad pierde porque (1) hay reducción de mentes humanas disponibles, (2) el traslado de trabajo de actividades productivas hacia la búsqueda de rentas y la actividad destructora de vidas humanas, (3) los precios monopólicos que los consumidores encaran vía restricciones en cierta producción relacionada con la industria del aborto o con la "compra" de niños vía adopción, (4) la desviación de recursos escasos de sus usos productivos normales a la promoción o prevención del aborto; del mismo modo como se destina dinero a impedir el robo es una "pérdida" o desembolso no productivo, el costo de impedir el homicidio de seres humanos inocentes es una actividad costosa que canaliza recursos de la actividad productiva, y (5) los costos de "papeleo" que se generan en la medida en que muchos "buscadores de rentas" emplean recursos para obtener o retener un mismo botín, que sólo uno de ellos puede ganar. Los hacedores de políticas nunca tuvieron la oportunidad de alcanzar sus metas de beneficio público, en todo caso, aun si ellos hubieran estado inspirados en el interés público, debido al "problema del conocimiento" que encaran (según Mises o Hayek). Ellos no tienen la posibilidad de reunir suficiente conocimiento social como para mejorar el mercado o corregir su "falla".
 
 

El mercado efectivamente falló (al menos en términos de producir cero embarazos no deseados). Eso es malo o menos bueno que el paraíso. Sin embargo, las políticas públicas crean un fracaso del gobierno, que termina siendo peor. Estamos intercambiando el purgatorio por el infierno. Más aún, el juego de la búsqueda de rentas empeora a medida que empresarios regresivos ("buscadores de rentas") comienzan de un modo alerta a encontrar nichos de arbitraje, como el de criar y recolectar tejidos fetales. Esto una vez más cambia las instituciones y los incentivos y exacerba el problema de la externalidad negativa. Aun si el número de abortos no continúa subiendo perpetuamente, se generará un equilibrio de mercado distorsionado que tenderá a hacer que el número de abortos y embarazos no deseados se mantenga en una nueva y artificialmente alta tasa. En razón de los esquemas institucionales y de la facilidad para consumar un aborto, las madres tendrán menos incentivos para evitar los embarazos no deseados. Entonces, en la medida en que se desarrollen también instituciones para beneficiar a la madre pecuniariamente, p. ej., ella podría recibir un pago por vender miembros de su criatura nonata, el aborto pasaría a ser más permanente y atractivo, y tendería a ocurrir en las etapas avanzadas de la gestación. Resultado final: muchos políticos están contentos, los "buscadores de rentas" están contentos, algunos filósofos morales y las feministas están orgullosos; pero la mayoría de los individuos en la sociedad sufren como consecuencia de este artificialmente extendido mercado.
 
 

Los que más sufren son, por supuesto, los 40 millones o más niños no nacidos que han sido sólo en los Estados Unidos y los siguientes millones que serán muertos en los años que siguen. La sociedad pierde esas mentes y las ideas que ellas podrían genera, como también los recursos que son desviados para proceder a esas muertes, etc. Pero los asesinados pierden la oportunidad de vivir y disfrutar de la vida a que tiene derecho todo ser viviente. Además, ellos deben soportar el dolor de ser quemados hasta morir por una solución salina o ser, cortados en pedazos por filudos instrumentos, y difícilmente resultarían consolados por el hecho de que sus restos vayan a beneficiar a la ciencia médica o a los "buscadores de rentas".
 
 

En pocas palabras, el análisis económico sugiere que las políticas abortivas no van en pro del interés público -- y ninguna política pública que no vaya en pro del interés público puede justificarse. Ya de antemano sabíamos eso a partir de la sola tesis de Julian Simon, según la cual la existencia de más cerebros trae algunos costos de corto plazo pero mucho mayores ganancias de largo plazo. La mente es el recurso máximo y la única cosa que es verdaderamente escasa en términos absolutos. De este modo, el aborto afecta adversamente a la sociedad tanto reduciendo el número de cerebros disponibles como exacerbando las externalidades negativas. Por consiguiente, concluyo que el aborto no va en el interés público por ambas razones y, en consecuencia, favorecerlo no puede constituir una política pública beneficiosa. Las políticas abortivas conducen a juegos de suma negativa que, como otras formas de asesinato o robo, sólo benefician a unos a expensas de otros.
 
 

En conclusión, la política de abortos es un mal tanto moral como teórico. También ella emana de una filosofía de los derechos que es antagónica a los principios liberales clásicos. Con todo, imagino que muchos de mis adversarios de la izquierda dura o los libertarios de inclinación izquierdista rechazarán en general mi postura en pro de la vida. Pero confío en que ellos al menos van a estar de acuerdo conmigo en que la intervención estatal en apoyo o promoción de artificialmente altas tasas de aborto es simplemente muy perjudicial.
 
 

Cobin, John M. (1999a), A Primer on Modern Themes in Free Market Economics and Policy, Parkland, Florida: Universal Publishers. Edición castellana bajo el título de Ensayos Sobre Temas Modernos de la Economía de Mercado, ediciones Universidad Finis Terrae, Santiago, 1999.
 
 

Cobin, John M. (1999b), Pro-Life Policy: A Perspective for Liberty and Human Rights, Trumann, Arkansas; Gemini Books.
 
 

Hayek, Friedrich A. von (1945), "The Use of Knowledge in Society", American Economic Review, vol. 35, no. 4, September, pp. 519-530.
 
 

Kreeft, Peter (1995), "Human Personhood Begins at Conception", Castello Institute Medical Ethics Policy Monograph, Castello Institute of Stafford, Virginia.
 
 

Libertyencuesta (1998), revista Liberty, febrero.
 
 

Simon, Julian (1996), The Ultimate Resource 2, Princeton, NJ: Princeton University Press.